Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa en relación con el encausamiento del Lehendakari

17 de enero de 2007


Ante la lamentable y más que arbitraria decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitiendo a trámite una querella contra el Lehendakari Ibarretxe por haber mantenido una reunión con Batasuna, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere hacer constar que:

• Reiteramos nuestra indignación ante la última decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no sólo ha admitido a trámite una querella contra el máximo representante de la voluntad popular de Euskadi, sino que además, sin esperar a la resolución del recurso presentado contra dicha decisión, ha citado a declarar al Lehendakari como imputado por “cooperador necesario” en un presunto delito de desobediencia.

• La doctrina de separación de poderes y el debido respeto a las decisiones judiciales no pueden conllevar un acatamiento acrítico de una decisión política y no judicial, que supone, además, un ataque frontal al sentido común de los ciudadanos vascos. Supone de hecho instrumentalizar la justicia al servicio de unos muy determinados objetivos políticos alineados con las actitudes más ultraconservadoras y rancias de la derecha española. Supone una intrusión premeditada del poder judicial en el poder político con el claro objetivo de condicional la actuación política del máximo representante institucional de Euskadi y de la voluntad popular de los vascos y vascas de la CAV, desde posicionamientos ideológicos predemocráticos.

• El ejercicio de la función para la que son elegidos requiere a los representantes políticos orientar su actuación hacia la mejora del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de este País, bienestar que se fundamenta en un clima de convivencia pacífica y normalizada y que exige, además de una condena firme de toda expresión de violencia, la práctica del diálogo político sin que ello pueda ser objeto de reproche judicial.

• Constatamos, como la gran mayoría de la ciudadanía vasca, que es una decisión fuera de los tiempos, una decisión que pretende retrotraernos a tiempos felizmente pasados. Imputar al máximo representante de la sociedad civil vasca un delito por una actitud y unos hechos que son compartidos y vividos con naturalidad por una gran mayoría de ciudadanos vascos, constituye una grave injusticia. El tiempo de la justicia debe ir sincronizado con la maquinaria de la ley y el reloj de la sociedad a la que sirve. Defendemos y seguiremos defendiendo, pese a quien pese, el diálogo como herramienta para la solución de conflictos, máxime en una sociedad democrática. Un momento en el que no sólo los partidos políticos sino el conjunto de los agentes estamos haciendo un esfuerzo de distensión e integración para lograr la paz y un marco estable de convivencia. El diálogo no es delito.

• Somos y seremos solidarios con el Lehendakari de todos los vascos, reiteramos que participaremos en todas aquellas iniciativas de apoyo a nuestro máximo representante institucional y realizamos asimismo, un llamamiento a la sociedad guipuzcoana para que se implique en las mismas, porque una querella y una imputación tan grave contra el Lehendakari son también una querella y una imputación contra todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas.