Juan Ignacio Marcos: «Para luchar contra el acoso escolar hay que escuchar a los niños» [EL CORREO]

El letrado, coordinador del observatorio sobre el acoso moral, recuerda que el plazo para denunciar el bullying «prescribe al cabo de un año».


El «mobbing» del mundo laboral; el «bullying» de la escuela; la violencia de género en el seno de la pareja y el «blockbusting» u hostigamiento inmobiliario son manifestaciones del mismo fenómeno -el menoscabo de la integridad personal- y deben castigarse por la vía penal. Éste es el mensaje que transmite Juan Ignacio Marcos, uno de los juristas que participan en el Observatorio Vasco sobre el Acoso Moral. «Es un foro de discusión que reúne a jueces, fiscales, abogados, médicos forenses e inspectores de trabajo», explica. El Observatorio y el Departamento de Justicia han convocado los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre sendas jornadas sobre el «mobbing» y el «bullying» en Bilbao y San Sebastián, en las que participarán magistrados y fiscales del País Vasco.


-El Fiscal General del Estado ha anunciado «tolerancia cero» con el «bullying» en las aulas. ¿Cómo va a afectar a las escuelas?

-Cándido Conde Pumpido ha ordenado a los fiscales que pidan el alejamiento del menor acosador; que se vaya del colegio. Pero no servirá de mucho si los hechos no se denuncian. Y el plazo para hacerlo prescribe al cabo de un año.


Efectos psicológicos

-¿Las autoridades educativas están preparadas para luchar contra el «bullying»?

-Lo que observo es que se entretienen o, lo que es peor, que entretienen a los padres. Les dicen que están tomando medidas, pero el tiempo pasa y llega un momento en que el fiscal ya no puede intervenir.


-¿Hay casos que quedan impunes?

-La omisión del deber de actuar, que es un delito achacable al docente, no prescribe. Pero qué haces si no se puede perseguir la cuestión principal:, el acoso de un escolar a otro El agresor sigue ahí, pero la víctima no ha dejado de sufrir las consecuencias psicológicas.


-La Fiscalía de Menores ha pedido al Departamento de Educación que le informe de los casos de «bullying» en cuanto los conozca.

-La gente tiene que acudir a la Fiscalía. No es una venganza contra los profesores ni contra el colegio. Ni se trata de una manipulación. Nos enfrentamos a situaciones delicadas que pueden marcar la conducta de los niños cuando sean adultos.


-Incluso los fiscales admiten que los centros escolares hacen lo posible para que una denuncia no salga del centro.

-Los colegios esconden la cabeza. No afrontan la situación; la marean o la difuminan. No sé de estadísticas, pero conozco casos. Si revisas las sentencias dictadas hasta ahora, compruebas que los testigos de los centros suelen decir que ellos no sabían nada. Es lógico, porque si reconocieran lo contrario y quedara demostrado que no actuaron, se exponen a la responsabilidad penal y, con toda seguridad, a la civil.


-¿Como salen adelante los juicios?

-Por el testimonio de los compañeros de la víctima. Resulta que un menor había comentado su problema a los profesores, que ellos estaban al tanto Pero en la vista oral los docentes no saben nada. Son los menores quienes hablan.


-¿Cómo puede comprobar un padre si su hijo está sufriendo en clase?

-Para luchar contra el «bullying» hay que escuchar a los niños. Ellos lo dicen todo.


Sensibilidad y trabajo

-En el Observatorio se quejan que las medidas de alejamiento utilizadas con la violencia de género y ahora con el «bullying» no se aplican en el «mobbing» de los centros de trabajo.

-El mayor problema que tenemos en el acoso laboral es el alejamiento. Siempre se aleja a la víctima, no al acosador. Encima de que sufre, le apalean. Esto es lo que pasa cuando el caso se resuelve en los juzgados de lo Social y de lo Contencioso. La vía penal permite a la víctima ser escuchada.


-¿Les falta sensibilidad a los magistrados?

-No es un problema de sensibilidad, sino de trabajo. Un caso de acoso moral puede abarcar diez o quince hechos distintos sufridos por un trabajador. La instrucción es larga porque hay que investigarlos todos. Pero muchos no tienen entidad por sí mismos y otros sólo constituyen, como mucho, una falta. La experiencia le dice al juez que la mayoría no prosperará, así que decreta el archivo y remite el asunto a la jurisdicción de lo Contencioso o a la jurisdicción Social.


-Pero ya hay sentencias de audiencias provinciales que califican el «mobbing» como un delito penal y lo castigan con seis meses de prisión.

-En efecto. Y el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la futura reforma del Código Penal también dictamina que afecta a la integridad de la persona. Sin embargo, considera criticable que no se incluyan los supuestos de hostigamiento psicológico del que pueden ser víctimas los funcionarios.


J. Muñoz, j.munoz@diario-elcorreo.com
EL CORREO (Bilbao), 20 de noviembre de 2006