Escolares vascos tienen escolta policial para evitar el acoso de sus compañeros [EL CORREO]

La Fiscalía de Menores pide a Educación que le remita todos los casos de «bullying» que detecte Los padres de los agresores se niegan a veces a entregar los móviles con los que graban las vejaciones.


La Fiscalía de Menores de Vizcaya ha movido ficha en la lucha contra el acoso escolar y ha pedido a Educación que le remita todas las situaciones de bullying que se detecten en centros de enseñanza. En una reunión mantenida a principios de curso, reclamó también a los responsables educativos que informen a los colegios de la posibilidad de recurrir directamente al ministerio público. «Estas situaciones desbordan el ámbito escolar. En ocasiones, las medidas educativas no son suficientes y hacen falta medidas judiciales», subrayaron desde la Fiscalía. A veces se dan circunstancias excepcionales, que requieren incluso de protección policial para defender a los menores acosados de sus compañeros de colegio.

Activar una línea directa entre centros, Educación y Fiscalía permite poner en funcionamiento las herramientas que ofrece la Ley del Menor para atajar esas conductas. La Fiscalía de Menores de Vizcaya ha atendido 16 casos de acoso escolar este año. Una parte de las denuncias se archivan cuando se comprueba que las medidas educativas y familiares han resuelto la situación. A veces, aclaran desde instancias judiciales, el «susto» que se lleva el menor cuando le interroga el fiscal resuelve el problema.

Si el conflicto no está solucionado pero el menor reconoce su culpa intervienen los expertos en Mediación; se trata de un equipo de psicólogos que atiende a los implicados, valoran la situación y aconsejan una serie de acciones de reparación. A escolares vizcaínos denunciados por acoso se les llegó a imponer un tiempo de libertad vigilada, con varias obligaciones: acudir a terapias psicológicas, no acercarse a sus víctimas y realizar trabajos para la comunidad, como colaborar con una ONG los fines de semana.


A juicio

Cuando el agresor no reconoce su culpa y el peligro permanece latente se llega a juicio. Tres o cuatro casos de los 16 atendidos por la Fiscalía acabarán ante los tribunales. Uno de los menores juzgado este año por una acusación de bullying ha sido condenado a pasar ocho fines de semana de internamiento en un centro, además de afrontar un período de libertad vigilada.

La intervención judicial permite proteger a las víctimas con mayor rapidez. «Los padres esperan que los colegios o Educación resuelvan el problema y, a veces, cuando actúan ya es demasiado tarde. La víctima lleva meses sufriendo», subrayaron las mismas fuentes. Existe la posibilidad de dictar órdenes de alejamiento, facilitar protección policial y, además, el menor agredido puede ser examinado por el psiquiatra forense para determinar si necesita ayuda psicológica.

Entre los casos investigados por la Fiscalía de Menores en Vizcaya desde 2005 se han registrado dos en los que fue necesario poner protección policial a las víctimas hasta que intervino la Justicia. También se dictó una orden de alejamiento del agresor. Los afectados dispusieron de escolta policial para acudir a clase. Los portavoces judiciales recuerdan que las órdenes de alejamiento implican que el acosador se ve obligado a salir del centro escolar y la víctima se queda. Al contrario de lo que ocurre en muchas ocasiones en las que no interviene la Justicia.


Grabaciones

Tres de las denuncias de acoso -agresiones e insultos, principalmente- que le han llegado a la Fiscalía de Menores este año fueron grabadas con teléfono móvil. En ocasiones, los padres se niegan a entregar las grabaciones y es necesario una orden judicial para obtenerlas.

El ministerio público espera que, tras estas recomendaciones a Educación -aseguran que la colaboración con el Departamento es muy buena-, los centros de enseñanza aparquen sus recelos a poner en su conocimiento situaciones de acoso. «Los colegios deben asumir su responsabilidad, implicarse», añaden. Fuentes de la Inspección de Educación detallaron que trasladan al fiscal los hechos que consideran «graves» y que en el resto de los conflictos aplican medidas educativas. La consejería tiene establecido un protocolo de actuación para atajar el bullying.


Marta Fdez. Vallejo, m.f.vallejo@diario-elcorreo.com
EL CORREO (Bilbao), 18 de noviembre de 2006