Sexo a cambio de un empleo

Las denuncias de decenas de mujeres en Murcia destapan los abusos laborales en el campo.


Había visto el anuncio al pasar por el locutorio: «Se necesita trabajador para frisar lechugas a destajo. Llamar a Luis al teléfono...». Era el enésimo anuncio al que llamaba en los seis años que lleva viviendo en España. Éste estaba escrito en castellano, y no en árabe. «He tenido que aprender a leer lechuga en árabe para obtener trabajo de un encargado marroquí», cuenta. Siempre sola, como casi todas. Buscando unas condiciones algo mejores. Siempre acordándose de sus hijos e intentando ganar un poquito más para mandar más de 500 euros al mes y vivir con los 300 restantes. Lucía, el nombre elegido por esta mujer ecuatoriana de 40 años para aparecer en este reportaje, marcó el número.

-Llamo por el anuncio.
-Sí, es en Mazarrón, frisando lechugas ¿Tienes experiencia?
-Sí.
-¿Por qué no nos vemos y concretamos?

Lucía accedió y el tal Luis, un ecuatoriano de unos 30 años que trabaja de encargado de una empresa agrícola en Murcia, fue a buscarla a la salida del trabajo.

-¿Tomamos un café?
-Bueno.

En el café se fueron concretando las condiciones de trabajo. Se trataba de trabajar a 6,20 euros la hora, todos los días... Pero había un problema.

-¿Tienes coche? Es que no tengo sitio en la furgoneta.
-Yo no tengo medio de ir.
-Bueno, si duermes conmigo, te llevo yo todos los días.

Lucía se levantó y se fue. Nunca ha vuelto a ver a ese hombre, aunque algunas de las otras 25 trabajadoras que han denunciado recientemente hechos similares en la región de Murcia, se han topado con esta clase de encargados y, no sólo eran compatriotas, sino sus vecinos de toda la vida en sus pueblos natales.

Pero lo habitual en estos casos es que, como Lucía, sólo sepan su nombre, y a veces ni eso. Casi nunca saben para qué empresa trabajan. Las recientes quejas de 26 mujeres, 23 marroquíes y tres ecuatorianas, de las que únicamente cuatro han presentado denuncia formal, han puesto de manifiesto otro de los lados de los abusos laborales que se viven en el campo murciano. Una región en la que, dada la demanda laboral generada por las 30.000 hectáreas de regadío existentes, hay 94.568 inmigrantes dados de alta en la seguridad social (36.000 más que el año anterior), el 17% de los cotizantes de la región. El caso de las mujeres (el 48% del total de trabajadores inmigrantes en Murcia, según CC OO) es el más sangrante.

Pero, en general, las perversiones en las contrataciones son históricas en la región. Desde el cobro del transporte para ir a los campos (unos tres euros diarios por ir hacinado en una furgoneta y volver), hasta el pago de la seguridad social a costa del trabajador. Sin entrar en la inherente temporalidad de la los empleos.

La versión sexo a cambio de trabajo se ha convertido en escándalo esta semana, pero sindicatos y ONG aseguran que era vox pópuli desde hace tiempo. «Es complicado convencer a las mujeres de que denuncien. Viven presas del miedo. Algunas están sin papeles. La presión a la que están sometidas es tremenda», explica Mustafá Chaala, el representante de UGT en Torre-Pacheco, el pueblo en el que se ha desatado la polémica y quien ha recogido todas las quejas de mujeres hasta el momento. Es argelino, y preside la Asociación de Inmigrantes Argelinos de Murcia (AIAM). «Hacía tiempo que me comentaban la situación. Hay algunas que llevan seis meses sin trabajar porque no quieren aceptar el chantaje. Pero ninguna daba el paso y, tanto la Inspección de Trabajo como las fuerzas de seguridad, necesitan pruebas, un testimonio. Finalmente, conseguí que hablaran a la prensa y se supo todo lo que estaba pasando».

Todo no. Se desconoce cuál es la dimensión de la situación, pero se teme que sea algo mucho más generalizado y que, probablemente, llegue más allá de Murcia. Pero la clave de los abusos sigue siendo la misma: los encargados o capataces.

Estas personas, elegidas por los empresarios para seleccionar y encontrar trabajadores, son también inmigrantes, mayoritariamente. Tienen el poder: deciden quién trabaja y quién no.

Los inmigrantes van a trabajar vendidos. A veces no saben ni para quién. Los recogen, los sueltan en un campo y, tras ocho horas a destajo, los dejan donde les recogieron. Y hasta mañana, con suerte. Esta situación dificulta enormemente la posibilidad de denunciar abusos. Muchas veces, como le ocurrió a Lucía, sólo saben el nombre del encargado y su nacionalidad. Nada más.

Los temores se disparan, especialmente en el caso de las mujeres solas. «Suelen pagarnos menos por el mismo trabajo, aunque casi siempre trabajamos más que ellos», dice Lucía indignada. Licenciada como maestra en su país, amante de la lectura y de las artes y estudiosa de la historia de Cartagena, donde vive desde hace seis años, sufre sola y en silencio la traición a la que ha tenido que someter su dignidad. «Las denuncias presentadas son de mujeres que no han cedido a los chantajes. Las que se han prostituido por un empleo, y las hay, no abren la boca por vergüenza, miedo, pudor...», explica Mustafá. La Delegación del Gobierno ha abierto una «Esto es una realidad», dice Lola Jara, responsable de Inmigración. «Bastante mayor de lo que se ha visto».


«Furgoneteros», la clave

«Todo esto debe enmarcarse en un contexto de explotación laboral, de falta y desconocimiento de derechos», dice Omar, representante de CC OO en Murcia. «El papel de los furgoneteros se ha convertido en una tradición y se ha instaurado la ley del silencio. Todo el mundo sabe lo que pasa: no se respetan las relaciones laborales», añade. Los empresarios se han llevado las manos a la cabeza: «Si se sabía y no han denunciado, todos son cómplices de la situación», dice Paco Gil, secretario de organización de COAG en Murcia. «¡Qué culpa tiene el empresario de que un encargado haga esas proposiciones!», se queja. «No se puede decir que es generalizado. Es injusto. Hay mucha hipocresía. La riqueza de la región es para todos y todos somos responsables».

Tanto la policía como la fiscalía están actuando de oficio. «La situación es compleja y es importante que denuncien más mujeres. Nos hemos puesto manos a la obra», asegura Lola Jara desde la Delegación de Gobierno. «El Ejecutivo murciano va a recibir 10 millones de euros para la integración de inmigrantes. Todavía no he visto ningún programa al respecto, pero el primer asunto a garantizar es la dignidad humana de los habitantes de esta región».


Patricia Ortega Doliz, Murcia
EL PAÍS, 29 de enero de 2006