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COLOMBIA / Ricardo Cantalapiedra trabaja desde 1977 en zonas de conflicto.
El sacerdote español Ricardo Lorenzo Cantalapiedra se encuentra desde ayer bajo detención preventiva en la casa de la comunidad salesiana en Bogotá. Un fiscal lo acusa de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cantalapiedra trabaja desde 1977 en zonas de conflicto y desde hace dos años es párroco en La Uribe, una pequeña población del este de Colombia.
Según comenta El País, Cantalapiedra, de 64 años y nacido en La Seca (Valladolid), reconoce que su labor pastoral le lleva a desplazarse «por campos, ríos y selvas» y que ha tenido relación con la guerrilla. «Pero es una relación al margen de cuestiones ideológicas; mi política es el evangelio», matizó. El sacerdote mantiene que las acusaciones de la Fiscalía de Villavicencio, en el departamento de Meta, donde se encuentra el pueblo de La Uribe, «son mentirosas y mal intencionadas».
El fiscal se basa en confesiones de reinsertados de las FARC para acusar al sacerdote de visitar y llevar víveres a campamentos guerrilleros. «Sí he ido a campamentos, pero por razones humanitarias», asegura.
Según nos cuenta Pilar Lozano de El País, la historia empezó el pasado 2 de julio, cuando un grupo de fiscales llegó a La Uribe y detuvo a 17 personas. Es una práctica muy usada y duramente criticada, dentro de la política de seguridad democrática, bandera del actual Gobierno. «Salí a protestar por la forma en que lo hicieron; los llevaban esposados unos a otros», cuenta el sacerdote. «Dije al fiscal que era un atropello contra la población». El fiscal le contestó que él también estaba en la lista, pero que no lo detenían por ser conocido. Cantalapiedra recibió ayer la notificación de su detención preventiva.
El hecho coincide con la presentación de un informe de varias ONG que asegura que en los dos primeros años del actual Gobierno se han registrado 77 detenciones en las que fueron privadas de libertad 5.535 personas. La gran mayoría la han recuperado por falta de pruebas. Según el informe son detenciones «indiscriminadas que se fundan en la estigmatización de la población civil como colaboradora de la guerrilla».
Tres sacerdotes han sido asesinados supuestamente por las FARC. Dos de ellos fueron abatidos cuando viajaban por una carretera del noreste del país, mientras el otro fue asesinado en el colegio donde trabajaba, frente a sus alumnos, en una población al sur del país.
PERIODISTA DIGITAL, 20 de agosto de 2005
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