Pobres y ricos enfrentados por los hidrocarburos [EL MUNDO]

Miles de personas han tomado las calles de las principales ciudades bolivianas durante los últimos meses. La Paz, capital del país, y Santa Cruz, la ciudad más grande y rica de Bolivia, han sido los principales escenarios. Nada tienen en común unos y otros manifestantes, que encarnan las fuertes diferencias sociales. Los primeros quieren más recursos contra la pobreza. Los segundos, desvincularse del lastre de La Paz.


La capital se ha convertido en el teatro de operaciones de los indígenas, que representan el 62% de la población del país y sufren los mayores índices de pobreza. Están dirigidos por una miríada de asociaciones vecinales, sindicatos y el Movimiento al Socialismo (MAS), segundo partido en el Congreso, encabezado por el diputado y líder cocalero Evo Morales. Sin embargo, más que las consignas políticas, están movidos por la discriminación y la falta de oportunidades.

En octubre de 2003 fueron los protagonistas de las movilizaciones en El Alto cuya represión por parte del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada causó decenas de muertos y, poco después, la renuncia del mandatario.

Carlos Mesa asumió el poder con el compromiso de contentar a quienes propiciaron la caída de Sánchez de Lozada al exigir a las multinacionales que explotan los recursos de petróleo y gas mayores pagos al Estado.

Pero no todo el país estaba conforme con esta nueva política. El departamento de Santa Cruz veía amenazada su prosperidad y además no compartía las reivindicaciones con los campesinos de El Alto, con los que nada tiene que ver.


Referéndum sobre los hidrocarburos

En julio de 2004 Carlos Mesa decidió dirimir la peliaguda cuestión de los hidrocarburos mediante un referéndum en el que pidió a los bolivianos su opinión sobre la abolición de la Ley de Hidrocarburos de 1989, la refundación de una empresa pública de petróleo, y la exportación del gas, entre otras cuestiones.

Estas medidas obtuvieron la luz verde por parte de los participantes y el Gobierno se puso a trabajar en una nueva Ley de Hidrocarburos que finalmente fue aprobada por el Parlamento el pasado 17 de mayo.

Pero a pesar de cumplir con los supuestos planteados en el referéndum e imponer mayores tasas a las empresas, la nueva regulación no logró contentar a nadie. Las grandes compañías petroleras anunciaron un recorte en las inversiones e incluso han amenazado con denunciar al país por los impuestos que se verán obligadas a pagar. Presionado por las multinacionales, Carlos Mesa delegó en la Cámara la ratificación de la Ley. Y las clases más desfavorecidas del país piden directamente la nacionalización de los hidrocarburos.

Sin embargo, los analistas consideran que tras las reclamaciones del gas y el petróleo existe un deseo de reformas estructurales al modelo político y económico del país.

El MAS pide la reunión de la Asamblea Constituyente para, entre otras cosas, redactar una nueva Carta Magna que tenga en cuenta a los aymaras, los quechuas, los guaraníes y, en definitiva, a todos aquellos ignorados por la vigente, que fue aprobada en 1825.


Departamentos separatistas

Esta reivindicación del MAS viene además azuzada por el deseo de los departamentos más ricos del país de organizar un referéndum autonómico para lograr una mayor independencia respecto a La Paz.

Santa Cruz reunió las firmas suficientes para llamar a consulta esta cuestión e incluso obtuvo el respaldo de otros departamentos como Tarija, Beni y Pando. Tras haber unido sus fuerzas, estas provincias prósperas amenazaron con organizar el referéndum por su cuenta el 12 de agosto si no lo hacía el Parlamento.

Pero las reclamaciones no se acaban ahí. El pasado mes de abril, después de una oleada de protestas que llevó a las calles a miles de cruceños, el Congreso aprobó una ley especial que permitirá designar a los prefectos por voto popular por primera vez en la historia boliviana, cuando tradicionalmente han sido escogidos a dedo por el presidente.

En este escenario, Mesa tenía la intención de agotar su mandato, que concluía el 7 de agosto de 2007. En un intento de alcanzar este objetivo y zanjar las protestas callejeras, el presidente trató de complacer a unos y a otros con el anuncio de la convocatoria de una Asamblea Constituyente y un referéndum de autonomías el próximo día 16 de octubre. Sin embargo, las manifestaciones continuaron y cuando entraron en su tercera semana, las protestas obligaron a Mesa a presentar su renuncia el 6 de junio de 2005.


Iratxe Rojo
EL MUNDO, 8 de junio de 2005