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Muchos jóvenes de 16 y 17 años en situación irregular no pueden estudiar por las limitaciones que impone la Ley de Extranjería. La mayoría accede a trabajos poco cualificados, aunque en algunos casos incluso esto es difícil.
Decidir si con 16 ó 17 años se continúan los estudios, se accede a un taller profesional o se busca un empleo debería ser una cuestión personal o familiar. En el caso de los menores inmigrantes, sin embargo, el proceso es más complicado y depende de otros factores, como la situación legal en el país. El actual proceso de regularización tampoco les ayuda mucho porque sólo se dirige a personas con trabajo y, en el caso de los estudiantes, a aquellos que tienen permiso de estudio, viven en territorio español desde antes del 8 de agosto, están empadronados y tienen un contrato laboral de seis meses. Es decir, a aquellos que compaginan los estudios con un empleo.
"El proceso de regularización sólo contempla a las personas mayores de 16 años con un trabajo, por lo que dejará fuera a la mayoría de los menores inmigrantes en situación irregular", afirma Estrella Pérez, coordinadora territorial de CEAR-Madrid. Según esta organización, desde que se puso en marcha el proceso de regularización, muchas madres han acudido a sus oficinas "preocupadas" para consultar "si sus hijos deben dejar los estudios y ponerse a trabajar" para poder así solicitar su legalización.
En la actualidad, cualquier menor empadronado puede cursar la educación básica obligatoria, pero si desea seguir estudiando, acceder al Bachillerato y luego a la universidad, necesita contar con el permiso de residencia. Los que no tienen este documento "pueden decidir seguir estudiando el Bachiller o módulos de formación, pero como se encuentran en situación irregular no recibirán un título que acredite estos conocimientos", explica Estrella Pérez, que advierte que esta realidad se da "desde hace años" y que la ley deja "en el limbo" a los chavales inmigrantes sin papeles de 16 y 17 años.
La solución para muchos de estos jóvenes pasa por la regularización de alguno de sus progenitores y por requisitos como "acreditar dos años de estancia en España". En este caso, matizan desde CEAR, la legalización es cuestión de "tiempo" y los menores podrían elegir libremente si continúan o no los estudios.
Menores tutelados
Pero no todos los jóvenes inmigrantes viven en España con sus familias. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat debe tutelar a los menores que han inmigrado solos hasta que tengan la mayoría de edad. Entre los 16 y los 18 años, estos chicos deberían poder acceder a cursos formativos para, una vez fuera de la institución, lograr un trabajo y poder sobrevivir.
Sin embargo, "se dan muchos casos de chavales que, al cumplir los 18 años, salen sin saber dónde vivir y sin un empleo. Salen con un permiso de residencia que han de ir renovando, y sin trabajo, por lo que han de buscarse la vida, trabajar en negro o incluso delinquir", comenta David Montejo, educador del Casal d'Infants del Raval. El hecho de contar con un permiso de residencia les permite, por lo menos, acceder a cursos ocupacionales subvencionados por el Gobierno catalán, un recurso que excluye a los menores sin ningún tipo de documentación.
Situaciones como ésta limitan las posibilidades de muchos menores inmigrantes que, en los últimos tiempos, llegan con la idea de trabajar pero también de formarse. En el piso de acogida de la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba, adherida a la ONG Andalucía Acoge, conocen esta realidad. De hecho, explican que se han encontrado con algún caso de jóvenes sin regularizar que desean ampliar su formación y que la única alternativa que tienen es asistir de oyentes a las clases y conseguir unas prácticas en alguna empresa.
"Los chavales que llegan al piso -- que es de primera acogida -- esperaban encontrar trabajo fácil, conseguir rápido los papeles y mandar dinero a casa", señala Juan Ramón González, educador en este centro. El piso, que tiene capacidad para ocho menores, está en la actualidad al completo con varios jóvenes marroquíes de entre 14 y 17 años que se encuentran "en un vacío legal total" y que deben esperar hasta nueve meses para que la administración empiece a gestionar sus papeles.
Mientras, los educadores del centro organizan talleres de carpintería, electricidad y clases de español, les animan a hacer deporte e incluso han puesto en marcha un huerto ecológico con un único propósito: "Que no crean que pierden el tiempo".
La punta del iceberg
En este contexto, desde Andalucía Acoge señalan que la mayoría de los menores inmigrantes llegan a España a través de la reagrupación familiar o aprovechando el estatus de un familiar y advierten que el problema de los chicos de entre 16 y 18 años para seguir estudiando "es sólo la punta del iceberg".
"Se da la imagen de que son jóvenes que no quieren estudiar, cuando sí que están motivados", afirma José Álamo, responsable de Educación de la ONG. "En temas de inmigración se ha avanzado en vivienda, trabajo... pero la educación es un tema menor. Existe la tendencia a concentrar a los chavales inmigrantes en pocos centros y no se prepara a los profesores. Hay muchas trabas que propician la exclusión y que dificultan que estos jóvenes accedan a un buen puesto de trabajo."
Silvia Torralba
CANAL SOLIDARIO, 10 de marzo de 2005
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