El 25% de los inmigrantes quedará fuera del proceso de regularización por no estar empadronado

Organizaciones de apoyo a los inmigrantes piden que acogerse al proceso no dependa sólo del certificado de empadronamiento y que se permita la presentación de visados, tarjetas sanitarias o recibos de pago de alquiler.


ONG relacionadas con los inmigrantes han advertido que entre un 20% y un 25% de los extranjeros irregulares en España quedarán fuera del proceso de regularización si el Gobierno sigue admitiendo únicamente el certificado de empadronamiento para poder cursar la solicitud. En algunos colectivos de inmigrantes como el de ecuatorianos podrían quedarse fuera del proceso hasta el 65%.

Por este motivo, piden al Gobierno que "flexibilice los criterios" y permita la presentación de visados de entrada, tarjetas sanitarias, el abono de transporte, o recibos de pago de alquiler de la luz. "Si no cambian las condiciones este proceso está abocado al fracaso, por lo que exigimos al Gobierno que garantice el éxito del proceso de normalización", afirma el presidente de ATIME, Mustafá Mrabet.

En este sentido, estos colectivos --entre los que figuran ATIME, Rumiñahui, Asociación de Chinos en España, ARI-Perú y Asociación de Rumanos-- han solicitado una reunión urgente con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y con la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, para evitar que el proceso sea un fracaso.

Los inmigrantes tienen "bastantes problemas" para obtener certificados de empadronamiento, ya que "algunos funcionarios se niegan a admitir la solicitud presentada y actúan como subdelegados del Gobierno, pero los funcionarios no tienen autoridad administrativa para rechazar 'in situ' la solicitud", añade Mustafá Mrabet. De esta forma, al no poder presentar la solicitud no se podrá recurrir posteriormente el rechazo, en caso de que se produzca, y quedarán en situación irregular, expuso la presidenta de AESCO, Yolanda Villavicencio, quien denunció la posible vulneración de la Ley de Procedimiento Administrativo. Uno de los ejemplos de rechazo en ventanilla de la solicitud de certificado de empadronamiento es que en la misma vivienda habiten más de 10 personas.

Además, las ONG han pedido al Gobierno que arbitre "mecanismos de protección al inmigrante frente a algunos empresarios irresponsables que evaden su obligación de contratación regular bajo intereses de mayor beneficio". En esta línea, denuncian numerosos despidos y critican que hasta agosto no se puedan denunciar estas prácticas, fecha de finalización del proceso de regularización.


Denuncias al Defensor del Pueblo

Las organizaciones anunciaron que en caso de que el Gobierno no cambie sus criterios presentarán al Defensor del Pueblo las denuncias de presuntas irregularidades y despidos. Asimismo, abogaron por un proceso de regularización porque "sigue creando riqueza, pero sobre todo igualdad y justicia para acabar con la economía sumergida y por mantener los derechos de todos y todas como trabajadores", informa Europa Press.

Por su parte, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han denunciado el "alto coste" de las tasas derivadas de los diferentes certificados exigidos en el proceso de regularización. Según esta organización, el total de la gestión puede alcanzar los 670 euros. De hecho, la mitad de esta cantidad corresponde a la autorización de trabajo, documento que por Ley debería pagar el empresario pero que "en la mayoría de las ocasiones" acaba asumiendo el propio inmigrante.

En este contexto, desde CEAR advierten que el actual proceso de regularización, "exclusivamente laboral", deja fuera "a los menores inmigrantes, a los que no se hayan empadronado, a los extranjeros sin recursos laborales y a aquellos que no tienen documentación porque proceden de un país en conflicto".


48.247 solicitudes presentadas

Desde que el Gobierno abrió el proceso de regularización el pasado 7 de febrero, inmigrantes y empresarios han presentado un total de 48.247 solicitudes, cifra que desde el Gobierno consideran positiva y dentro de sus previsiones. Según el ministro Caldera, de las solicitudes recibidas el 98,06% han sido admitidas a trámite.


Canal Solidario, 24 de febrero de 2005