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IV Informe sobre la situación de los servicios sociales en Euskadi.
Javier Madrazo ha presentado ante el Consejo Vasco de Bienestar Social el informe anual sobre la situación de los servicios sociales en Euskadi.
El Consejo vasco de Bienestar Social considera fundamental lograr una mayor coordinación entre los diferentes agentes que trabajan en el campo de los servicios sociales, así como corregir las diferencias existentes en gasto por persona y en cobertura entre los territorios vascos.
También cree necesarias políticas explícitas y estables en los relativo a las fórmulas de gestión y financiación de los servicios de modo que se establezca con claridad, seguridad y amplitud y flexibilidad qué servicios serán de gestión pública directa, cuál será la política de contratación de servicios y cuál en lo que a acción concertada se refiere.
El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, presentó hoy en Bilbao a las administraciones públicas vascas, entidades, asociaciones y organismos que trabajan en el campo de los servicios sociales que forman parte del Consejo vasco de Bienestar Social el IV Informe sobre la situación de los servicios sociales en Euskadi.
Madrazo apuntó que en los últimos años en Euskadi "se ha ido consolidando una red fundamental de servicios sociales y se ha incrementado, de forma muy importante, la inversión y el gasto tanto público como privado, que se ha traducido en un incremento de las prestaciones, de los programas y de los centros de atención a personas mayores, menores de edad o personas y colectivos que viven en situación de exclusión o de marginación".
No obstante, el consejero vasco consideró que "hay todavía mucho trabajo por hacer de cara a incrementar la oferta de atención domiciliaria y de plazas residenciales a la tercera edad o los programas que den continuidad a la atención inicial de emergencia a las mujeres maltratadas, con la potenciación del acceso al mercado laboral de las personas que padecen algún tipo de discapacidad o el trabajo para erradicar en nuestra comunidad la pobreza, la marginación o la exclusión social".
Según dijo, "una sociedad avanzada que se considera plenamente democrática no es compatible con la existencia de pobreza, marginación o exclusión social".
Atención a mayores
En la Comunidad Autónoma Vasca existen 975 centros de atención a personas mayores, de los cuales 334 son hogares de jubilados, 305 residencias, 240 asociaciones, 76 centros de día asistenciales. La mayoría de los centros (49,5 por ciento) son privados subvencionados, mientras que el 40,7 por ciento son públicos y el 9,8 por ciento privados. El 51,4 por ciento están localizados en Bizkaia, el 31 por ciento en Gipuzkoa y el 17,6 por ciento en Alava.
Según el informe, las residencias no alcanzan la cobertura del 5 por ciento que aconseja el Plan Gerontológico, que en Euskadi en del 3,43 por ciento de las personas mayores de 65 años, por lo que el Consejo vasco de Bienestar Social considera necesario crear más plazas residenciales, así como potenciar más los servicios comunitarios y de atención domiciliaria a personas mayores con fin último de que sean atendidas en sus domicilios o entornos sociales próximos.
En 2001 eran 6.844 las personas que trabajaban en la atención a personas mayores, el 84 por ciento mujeres, y el gasto en servicios sociales para la tercera edad fue de 200,8 millones de euros, un 14,7 por ciento más que en 2000.
Por otro lado, en Euskadi hay 446 centros de atención a personas discapacitadas, de los que 144 son centros ocupacionales y especiales de empleo, 108 asociaciones, 89 residencias, 72 centros de día y 7 centros de valoración y orientación.
El persona remunerado medio anual que trabajaba en el sector en 2001 ascendía a 7.600 personas, el 53,7 por ciento hombres, y el gasto en servicios sociales para personas con discapacidad superó los 120 millones de euros, un 8, 8 por ciento más que en 2000.
En el informe sobre la situación de los servicios sociales en Euskadi se indica que, en la actualidad, uno de los principales problemas tanto de la Administración como de las personas con discapacidad, además de la eliminación de barreras arquitectónicas ya actitudes discriminatorias, radica en las dificultades de acceso al mercado labora.
Asimismo, se considera necesario corregir la carencia de plazas residenciales, con el fin de lograr un número suficiente para la atención de aquellas personas con grandes discapacidades.
En cuanto a los centro de protección a la familia, existen un total de 206 en Euskadi, de los cuales 115 son residencias, 16 asociaciones y 10 centros de día. El gasto en servicios sociales en el ámbito de la familia fue en 2001 de un total de 43,9 millones de euros y el personal ocupado sumaba 2.001 personas.
Según el informe, en la actualidad, "todos los municipios con más de 20.000 habitantes cuentan con recursos para atender situaciones de emergencia relacionadas con la familia (maltrato). Sin embargo, reconocen la falta de programas que garanticen la continuidad de la atención y el apoyo a las personas que puedan padecer esas situaciones de emergencia.
En la Comunidad Autónoma Vasca existen 261 centros para personas en situación de exclusión social, de los cuales 94 son residencias, 36 asociaciones y 16 centros de día. El personal que trabajaba en estos estos servicios den 2001 ascendía a 1.135 personas, el 65 por ciento mujeres, y el gasto en servicios sociales destinados a la lucha contra la exclusión social en 2001 superó los 130 millones de euros, un 21 por ciento más que el año anterior.
En el informe se destaca el apoyo de diversas instituciones, entre ellas el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, al desarrollo y consolidación de centros de baja exigencia como el centro Hontza y la Sala de Consumo de Menor riesgo que gestiona Médicos del Mundo.
Como resumen, en el informe se indica que los centros más numerosos con los que ofrecen alojamiento y atención a las necesidades de los usuarios (residencias y pisos), seguidos en número por las asociaciones y los centros de ocio y tiempo libre (mayoritariamente hogares del jubilado).
Asimismo, se destaca que algo más del 80 por ciento de los recursos públicos corrientes se destinan a paliar tres contingencias: la ancianidad (38,4 por ciento), la exclusión social (24,9 por ciento) y la discapacidad (23 por ciento). Además, la atención a la familia absorbe el 8,4 por ciento del gasto y el sector denominado conjunto de la población el 5.3 por ciento restante.
Recomendaciones
El Consejo vasco de Bienestar Social considera imprescindible que Euskadi se dote de un marco jurídico en el que se reconozcan con claridad los derechos subjetivos de la ciudadanía en materia de servicios sociales, para que el sistema vaya adquiriendo la solidez que necesita como uno de los pilares fundamentales del sistema de Bienestar.
También recomienda que se acometa de inmediato el desarrollo normativo y la planificación necesarias para dotar al sistema vasco de servicios sociales de una estructura homogénea que tenga en cuenta las diferentes realidades de cada uno de los Territorios de Euskadi.
Además de considerar preciso impulsar la negociación colectiva y regular las relaciones laborales en el sector, el Consejo señala que los servicios sociales vascos no son suficientemente conocidos ni reconocidos por la ciudadanía, por lo que recomienda elaborar un plan de comunicación que permita mejorar su imagen corporativa.
Por último, cree preciso clarificar y reordenar el panorama de las prestaciones económicas para mejorar la equidad y eficiencia de un sistema de rentas mínimas "siempre acorde a la realidad de cada momento".
EL DIARIO VASCO, 24 de noviembre de 2004
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