Irak: Un año después de la guerra, la situación de los derechos humanos sigue siendo crítica (AI)

Amnistía internacional ha publicado hoy un nuevo informe que destaca que, un año después del estallido de la guerra de Irak, las promesas de mejora de los derechos humanos para los ciudadanos iraquíes no se han cumplido. Doce meses después de la invasión de Irak por la coalición dirigida por Estados Unidos, el pueblo iraquí sigue sufriendo graves violaciones de derechos humanos. En todo este tiempo, el uso excesivo o innecesario de medios letales por las fuerzas de la Coalición durante manifestaciones públicas, en puestos de control y en el curso de asaltos a viviendas se ha cobrado la vida de decenas de personas desarmadas. Millares más han sido privadas de libertad, a menudo en duras condiciones, por tiempo prolongado y, en muchos casos, sin que se haya reconocido su detención. Gran número de ellas han sido torturadas o maltratadas, y algunas han muerto bajo custodia. En su nuevo informe, titulado Iraq: One year on (disponible sólo en inglés), Amnistía Internacional ofrece información reunida por sus delegados tras varias visitas realizadas a Irak inmediatamente después del conflicto y a lo largo de los doce meses siguientes. La organización hace hincapié en él en la violencia e inseguridad cotidianas a que se ve expuesto el pueblo iraquí. “La violencia, tanto si se manifiesta en forma de ataques de grupos armados como de abusos de las fuerzas ocupantes, es un problema endémico. Millones de personas sufren las consecuencias de la destrucción y el saqueo de las infraestructuras, el desempleo masivo y la incertidumbre acerca de su futuro. Casi nadie confía en que se ponga a disposición judicial a todos los responsables de los abusos contra los derechos humanos que se han cometido y se cometen”. Abusos de los ocupantes “Tras un año de guerra, anarquía, creciente violencia y penuria, los iraquíes tienen ante sí un incierto futuro –ha manifestado Amnistía Internacional–. Para que el año próximo sea mejor que el pasado, las fuerzas ocupantes, los líderes religiosos y políticos iraquíes y la comunidad internacional deben asumir realmente el compromiso de proteger y promover los derechos humanos en Irak.” Un año después del comienzo de la guerra se sigue matando a civiles iraquíes todos los días. Se calcula que, desde el 18 de marzo de 2003, más de 10.000 civiles han muerto a causa directamente de la intervención militar en Irak, bien durante la guerra o durante la ocupación posterior. Esta cifra es un cálculo aproximado, ya que las autoridades no quieren o no pueden catalogar los homicidios. “No tenemos capacidad para registrar todas las bajas civiles”, explicó el general estadounidense a la agencia Reuters en febrero. Decenas de civiles parecen haber muerto a causa de un uso excesivo de la fuerza por las tropas de Estados Unidos o de disparos efectuados en circunstancias controvertidas. Por ejemplo, los soldados estadounidenses han matado a tiros a decenas de manifestantes iraquíes en distintos incidentes, entre ellos a siete en Mosul el 15 de abril de 2003, al menos a 15 en Faluya el 29 de abril y a dos a la entrada del Palacio de la República de Bagdad el 18 de junio. En noviembre de 2003, el ejército de Estados Unidos dijo que había pagado 1,5 millones de dólares a civiles iraquíes en respuesta a demandas presentadas por víctimas o familiares de víctimas por lesiones personales, muerte o daño de propiedad. Algunas de las 10.402 demandas que, según informes, se han presentado se refieren a casos de soldados estadounidenses que han matado o herido de gravedad a civiles iraquíes al disparar contra ellos sin razón aparente. No obstante, independientemente de estos pagos, las familias de los muertos y los heridos han tenido pocas oportunidades. No se ha procesado a ningún soldado estadounidense por homicidio ilegal de civiles iraquíes. En virtud de una orden dictada en junio de 2003 en Bagdad por la autoridad de la coalición dirigida por Estados Unidos, los tribunales iraquíes tienen prohibido ver causas contra soldados estadounidenses u otros militares o funcionarios extranjeros destacados en Irak. Debido a ello, los soldados estadounidenses gozan de total impunidad. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que se investiguen de manera exhaustiva, independiente e imparcial todos los homicidios de civiles cometidos por las fuerzas de la Coalición y que se ponga a los autores de homicidios ilegítimos a disposición judicial. Hasta la fecha no se ha tenido noticia de la realización de investigaciones independientes. Abusos de los grupos armados Los civiles iraquíes han corrido también peligro a causa de atentados, perpetrados aparentemente por grupos armados, que se han ido convirtiendo en una de las principales características de la vida en Irak desde que comenzó la ocupación. Han sido blanco de tales ataques el ejército estadounidense, el personal de seguridad iraquí, las comisarías de policía bajo control iraquí, los líderes y los edificios religiosos, los trabajadores de los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y los organismos de la ONU. Los atentados se han cobrado la vida de centenares de civiles. En la medida en que formen parte de un ataque generalizado o sistemático a la población civil de Irak en apoyo de la política de una organización, constituirán crímenes contra la humanidad. Amnistía Internacional ha instado a los grupos armados a que pongan fin a la política de atentados contra civiles y miembros de organismos internacionales humanitarios. Asimismo, ha pedido que se ponga a los autores de los atentados a disposición judicial para que sean juzgados de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Torturas y malos tratos Desde que comenzó la guerra, Amnistía Internacional no ha dejado de recibir informes de iraquíes que han sido privados de libertad por las fuerzas de la Coalición y cuyos derechos se han violado. Algunos han estado recluidos sin cargos durante meses. Varios de estos detenidos han sufrido torturas y malos tratos. Prácticamente ninguno ha tenido acceso inmediato a un abogado, a su familia o a un juez ante el que impugnar su detención. La Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) reconoce tener detenidas a unas 8.500 personas. Sin embargo, una organización iraquí de derechos humanos sitúa la cifra en 15.000. A la mayoría de estas personas se las considera “detenidos de seguridad”, que han participado real o presuntamente en actividades en contra de la Coalición. Muchos detenidos han denunciado haber sido torturados y maltratados por las tropas estadounidenses y británicas durante su interrogatorio. A menudo mencionan que para ello se han utilizado métodos como golpearlos, impedirles dormir, inmovilizarlos en posturas dolorosas durante largos periodos, obligándolos a veces a oír música estridente, tenerlos mucho tiempo encapuchados y haceros soportar luces muy intensas. Prácticamente ninguna de las denuncias de tortura o malos tratos se ha investigado debidamente. La ausencia de orden público continúa siendo un importante motivo de preocupación en muchas zonas de Irak. Los delegados de Amnistía Internacional fueron testigos directos de los devastadores efectos que la anarquía estaba teniendo en la vida de los iraquíes de a pie, efectos que se manifestaban en forma de saqueos, homicidios cometidos por venganza, secuestros o violencia contra las mujeres. “Garantizar la justicia es fundamental para las incontables víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas en Irak. Los iraquíes han sufrido durante décadas graves violaciones de derechos humanos perpetradas por su gobierno, así como abusos cometidos en el curso de varios conflictos, incluida la reciente guerra y el periodo posterior.” "Los sistemas jurídico, judicial y penal de Irak necesitan cambios fundamentales –ha manifestado Amnistía Internacional–. Todos los esfuerzos por reconstruir Irak han de estar centrados en los derechos humanos. No proteger completamente los derechos humanos en el proceso de cambio equivaldría a traicionar al pueblo iraquí, que tanto ha sufrido hasta ahora.” Amnistía Internacional LONDRES, 18 de marzo de 2004