Entró ayer en vigor la última de momento y van ya cuatro en tres años reforma de la Ley española de Extranjería, cuyo pecado original es convertir en delincuente a todo inmigrante extracomunitario sin documentación legal para vivir en el Estado español. A partir de esa base, la nueva ley perfecciona los métodos de busca y captura de esos ciudadanos cuyo «delito» no es otro que el de tratar de conseguir trabajando en la Europa rica los mínimos de subsistencia que se les niegan en sus países de origen. Además, el texto es fiel reflejo de la forma de legislar del Partido Popular, que cuando vio que el Tribunal Supremo cuestionaba once artículos del Reglamento de Extranjería, en lugar de adecuarlos a los preceptos legales lo que hizo fue convertir en ley lo criticado por el alto tribunal. Y, una vez más, con el apoyo del PSOE. Al igual que la Administración Bush demanda de las compañías de transportes datos exhaustivos de quienes viajan a EEUU, con el fin de detectar posibles «terroristas», la Administración Aznar les exige que, antes de iniciar el viaje, remitan a las autoridades toda la información sobre sus pasajeros. En caso de no cumplimentar el trámite pueden ser sancionados con una multa de hasta 6.000 euros por cada viajero y con el pago de los gastos de vuelta de los rechazados en la frontera. Esto supone convertir a empresas privadas que siempre antepondrán sus intereses a los derechos de las personas en un primer filtro irregular y escasamente garantista, lo que no sólo afectará a los inmigrantes por razones económicas, sino también a los peticionarios de asilo. Además, las compañías se convierten en delatoras de quienes no han hecho uso de sus billetes de vuelta al país de origen. Del mismo modo, el padrón municipal se convierte en una fuente de información de la Policía. El empadronamiento es un requisito obligatorio para la adquisición de la tarjeta sanitaria. Como el figurar en el padrón supondrá un riesgo para los «sin papeles», en adelante éstos sumarán a sus muchos problemas el ser privados de sus derechos sanitarios. Y más inmigrantes se harán «invisibles».
El Estado español legisla la inmigración entendiéndola como un problema, convirtiendo a los inmigrantes en sospechosos, presentándolos como delincuentes y degradando sus derechos como personas. Esto alimenta los círculos viciosos que se dan en esta materia, como por ejemplo el que las legislaciones intolerantes potencian el tráfico ilegal de personas.
Editorial
GARA, 23 de diciembre de 2003
