España: ante las elecciones 2004 «Por un país comprometido con los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el respeto al medio ambiente».

España afronta en el año 2004 unas nuevas Elecciones Generales. Como en anteriores ocasiones, la atención política estará centrada en temas de gran actualidad, como el precio de la vivienda, la lucha contra el terrorismo o los servicios públicos en España. Pero existe otra agenda, generalmente menos mencionada, aunque no por ello menos trascendente, no sólo para el futuro de nuestro país sino para el del resto del mundo. Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam compartimos una visión del mundo basada en la exigencia de los derechos fundamentales de las personas, el respeto por la vida y la dignidad de todos los seres humanos y la protección del medio ambiente. Por ello, exigimos a las autoridades que resulten elegidas que lleven adelante, tanto dentro de nuestras fronteras como en su política exterior, una gestión en la que destaque un claro compromiso con los derechos humanos, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Ello será posible si el programa del nuevo gobierno incluye las medidas necesarias para dar cumplimiento a los tratados y compromisos internacionales adquiridos por el Estado español en estos tres apartados. Un país que asuma tales principios hacia su sociedad y los promueva activamente en el mundo, asegurará un futuro más justo, más seguro y más responsable con las generaciones venideras. En particular, exigimos conjuntamente a los partidos políticos que, en base a las recomendaciones de cada organización en su ámbito de trabajo, en su programa electoral incluyan los siguientes compromisos: 1. Por un país comprometido con el medio ambiente. Un medio ambiente limpio y una gestión sostenible de los recursos constituyen un derecho de la ciudadanía en estados sólidos y responsables, no un obstáculo para el desarrollo. España, cuya Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente y la obligación del Estado de conservarlo y de promover la utilización racional de los recursos naturales, ha adquirido compromisos internacionales en materia de medio ambiente que deben concretarse y materializarse en su política interior y exterior. Cambio climático España debe cumplir los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático, según el cual no deberá superar un 15% de aumento de emisiones sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Para conseguir esto, es imprescindible que se actúe de manera prioritaria sobre los sectores de electricidad y transportes, estableciendo además criterios transparentes y estrictos para asegurar que todos los sectores afectados reduzcan sus emisiones. Se debe revisar la Planificación Energética para que sea coherente con el cumplimiento del Protocolo de Kioto y mejorar la Estrategia de Eficiencia Energética de modo que se consiga una reducción del consumo energético en un 20% para 2010. Además, España debe potenciar la trasferencia de tecnología de energías renovables hacia países en desarrollo. Diversidad biológica También es necesaria una acción decidida del Gobierno Español para poner freno a la destrucción de los bosques primarios y el deterioro del medio marino (amenazado por la sobrepesca, el cambio climático y la contaminación), tal y como se comprometió en la Convención de Diversidad Biológica firmada hace más de una década. Para ello, es necesario asegurar que la madera se produce y comercializa de manera legal, ecológica y socialmente responsable, utilizando sistemas de certificación forestal independientes. A escala global, España debe contribuir a la creación de una red de áreas marinas protegidas que garantice la recuperación, conservación y gestión sostenible de los recursos marinos y respaldar la creación de un fondo económico internacional para la conservación de los bosques y su desarrollo sostenible. Por otro lado, la presencia en España de cultivos con Organismos Genéticamente Modificados con enormes deficiencias en su control está produciendo graves contaminaciones. Por ello, es preciso que el gobierno español tome las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, ratificado por nuestro país en enero de 2002. Contaminantes Orgánicos Persistentes. Por último, es urgente que España ratifique el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, elaborando para ello un Plan de Implementación Nacional. Además, se debe crear un grupo de trabajo formado por expertos de distintos ámbitos y disciplinas que impulse la investigación en España sobre riesgos, presencia, fuentes y alternativas a estas sustancias. 2. Por un país comprometido con los Derechos Humanos Los derechos humanos son el cimiento de Estados sólidos y responsables, no un obstáculo para la seguridad. España ha adquirido compromisos en materia de derechos humanos que deben reflejarse en su política interior (poniendo en práctica las recomendaciones de los órganos y mecanismos de protección internacional) y exterior (promoviendo y exigiendo el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario). Armas bajo control Desde el 11 de septiembre de 2001 se ha exacerbado la proliferación mundial de las armas, en lugar de mejorar su control. Ciertos países han incrementado su colaboración militar y armamentística con los supuestos aliados contra el terrorismo sin tener en cuenta su desprecio por los derechos humanos. El comercio mundial de armas está fuera de control y permite que estas lleguen a manos de gobiernos represivos y perpetradores de abusos contra los derechos humanos, con efectos devastadores en las vidas de millones de personas. Es esencial que España se comprometa con el proceso por un tratado sobre el control del comercio internacional de armas, así como con la adopción de una serie de medidas de ámbito nacional y regional encaminadas a limitar la proliferación y el abuso de éstas. Por los derechos de los inmigrantes y contra el racismo En España subsisten graves limitaciones a los derechos fundamentales de los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo y se observa un aumento preocupante de manifestaciones racistas. Es necesario que España modifique su legislación para adaptarla a los Tratados internacionales de derechos humanos, y que se reconozcan y hagan efectivos los derechos de reunión, asociación, manifestación, huelga, asistencia letrada, acceso a la sanidad y a la educación de los inmigrantes indocumentados que residen en nuestro país. También es imprescindible poner en marcha un Plan Nacional contra el Racismo y se debe impulsar en el marco de la Unión Europea un enfoque basado en los derechos humanos –y no sólo en el control y la seguridad– en temas de inmigración y asilo. Derechos de las mujeres: la cuenta pendiente de la humanidad Combatir sin dilación y de manera efectiva la discriminación y la violencia de género, con la asignación de los recursos necesarios y con la participación de las organizaciones de mujeres, debe constituir un punto esencial en la agenda del próximo gobierno. España debe asegurar la protección a los derechos humanos de las mujeres de una forma homogénea en todo el territorio del Estado, adecuando sus políticas a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas y ejerciendo su influencia para que éstas se lleven a la práctica también en el resto del mundo. Urge un compromiso particular respecto de las mujeres en especial situación de exposición y aquellas sobre las que pesan especiales desventajas. ¡No a la impunidad! Si la impunidad prevalece, las violaciones de derechos humanos continúan. Por ello, los responsables de los peores crímenes contra la humanidad deben ser llevados ante la justicia. España debe contribuir a fortalecer los mecanismos para combatir la impunidad, asegurando la integridad del Estatuto de Roma, condenando enérgicamente los acuerdos bilaterales de Estados Unidos con terceros países que tratan de impedir el eficaz funcionamiento de la Corte Penal Internacional concediendo inmunidad a sus ciudadanos, y defendiendo la aplicación del principio de jurisdicción universal tanto en España como en sus relaciones con terceros países. 3. Por un país comprometido con un mundo sin pobreza A comienzos del siglo XXI, los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo se comprometieron en la Asamblea General de Naciones Unidas a alcanzar 8 objetivos básicos en el año 2015, centrados en la erradicación de la pobreza extrema, el analfabetismo y las enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo. Ayuda Oficial al Desarrollo Para poderlos lograr, España debe hacer efectivos de manera inmediata los compromisos reiterados de aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta destinar a la misma el 0,7% del PIB. Un 20% de esta ayuda debe orientarse a los sectores sociales básicos (tal y como se comprometió la comunidad internacional en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social) y la cooperación con Africa Subsahariana deberá duplicarse de manera inmediata, puesto que así lo comprometió el Presidente del Gobierno en el año 2000. Conflictos internacionales Un mundo libre de pobreza es inviable si millones de personas siguen atrapadas en conflictos sin resolver. España debe promover –especialmente como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU– el compromiso de la comunidad internacional con la protección y asistencia a los civiles atrapados en conflictos. Para ello, debe impulsar la presión diplomática sobre las partes para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y garanticen el acceso imparcial de la asistencia humanitaria a las víctimas. Es preciso reforzar el papel de la ONU en las misiones para el mantenimiento de la paz. Acción Humanitaria Además, España debe promover la aportación de fondos de manera coherente y suficiente a todas las emergencias, haciendo especial hincapié en las crisis 'olvidadas'. Es urgente reorientar la acción humanitaria española, de manera que se base en el criterio de la necesidad de las víctimas, y no de consideraciones políticas. Se deben por otra parte incrementar sustancialmente los recursos, aumentando su canalización a través de organismos internacionales (en particular las agencias de Naciones Unidas), y mejorar la capacidad de respuesta de la AECI, a través de la dotación de recursos humanos y técnicos, y de la elaboración de planes de contingencia. Finalmente, es necesario delimitar claramente el papel de las Fuerzas Armadas en la ayuda humanitaria, asegurando que su actuación se ciña exclusivamente a actividades de mantenimiento de la paz, creación de condiciones de seguridad y apoyo logístico cuando no haya otras alternativas disponibles. Comercio con Justicia Para luchar contra la pobreza a nivel mundial de manera efectiva es esencial cambiar las reglas del comercio internacional. España debe impulsar, ahora más que nunca, la transformación de la Organización Mundial de Comercio en un foro transparente, democrático y orientado de manera efectiva hacia el desarrollo sostenible. La Unión Europea no puede seguir anclada en un sistema de ayudas agrícolas injusto que hunde en la miseria a millones de pequeños productores en los países pobres a la vez que sigue sin plantear medidas sostenibles para el agro en nuestro país.