Irak: ¿en el nombre de quién? (AI)

La reconstrucción debe garantizar los derechos humanos de los iraquíes. En vísperas de la Conferencia Internacional de Donantes para la reconstrucción de Irak que se celebrará en Madrid el 23 y 24 de octubre, Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento a los participantes para que hagan de la protección y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos iraquíes su criterio fundamental y para que garanticen una mayor transparencia en el proceso de reconstrucción. "Los proyectos que se aprueben deben dar prioridad a los derechos humanos de los iraquíes, entre ellos el derecho a la seguridad personal, a la sanidad, la educación, el trabajo y la reforma del sistema judicial", ha manifestado Amnistía Internacional. "La meta de la reconstrucción debe ser garantizar la protección eficaz y el cumplimiento de todos los derechos humanos para todos los iraquíes. Los propios iraquíes, idealmente a través de instituciones representativas, deberían tomar las decisiones sobre la reconstrucción, la inversión extranjera y la venta de bienes estatales" Al analizar las necesidades de Irak, los países donantes se guiarán por el documento titulado Joint Irak Needs Assessment (JINA) (Valoración Conjunta de las Necesidades de Irak) que contiene un análisis macroeconómico de las necesidades de reconstrucción y rehabilitación, y las necesidades más urgentes de 14 sectores clave de Irak. Este informe solicita recursos que ascienden a 36 mil millones de dólares estadounidenses a medio plazo, de los cuales nueve mil millones se necesitan para 2004. Sin embargo, las contribuciones comprometidas hasta la fecha ascienden únicamente a entre cinco y seis mil millones. Este documento también menciona la importancia de abordar las cuestiones de derechos humanos en Irak y de implicar a los iraquíes en el proceso de reconstrucción. El proceso de reconstrucción en Irak se basa en la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que obliga a las potencias ocupantes a "promover el bienestar del pueblo iraquí", y a desembolsar fondos para la reconstrucción con el fin de "beneficiar al pueblo de Irak". La Resolución hace un llamamiento para la creación de un Fondo de Desarrollo para Irak, actualmente bajo control estadounidense, que debe supervisar una Junta de Control y Asesoramiento Internacional que incluirá miembros de instituciones económicas internacionales tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU y el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social. Se exige a este organismo que se asegure de que los desembolsos del Fondo se emplean "de forma transparente". "No obstante, casi cinco meses después de la adopción de la Resolución 1483, aún no se ha creado la Junta de Control y Asesoramiento Internacional. Esto ha sido un lamentable fracaso de la Autoridad Provisional de la Coalición al que se está poniendo remedio ahora, justo en vísperas de la Conferencia de Donantes", ha declarado Amnistía Internacional. Aunque la Junta no informará al Consejo de Seguridad, el Secretario General de la ONU debe informar al Consejo de Seguridad acerca de sus actividades. Otra medida adicional importante en aras de la rendición de cuentas sería hacer públicos los informes de la Junta, tal como se prometía en su proyecto de mandato. La necesidad de una mayor rendición de cuentas está clara. Por ejemplo, la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad subraya que "el Fondo de Desarrollo para Irak se empleará de forma transparente", con el fin de "beneficiar al pueblo de Irak" y que "todas las ventas de exportación de productos de petróleo y gas natural de Irak ... se harán de forma coherente con las mejores prácticas actuales en el mercado internacional". Desde entonces, el gobierno de EE. UU. ha aprobado el Decreto Presidencial 13303 que puede eximir a los ciudadanos o empresas frente a un procesamiento civil o penal internacional o nacional, si han llevado a cabo negocios que tengan que ver con petróleo iraquí. Esto protege a las personas y las empresas más allá de cualquier asunto relacionado con la venta de petróleo y va más allá de la inmunidad limitada concedida en relación con la realización de negocios de productos de petróleo por la Resolución 1483. Tampoco hay una fecha límite. "Aunque la transparencia y la rendición de cuentas siempre son importantes," ha declarado AI, "lo son especialmente en el contexto de Irak." La falta de transparencia, así como cualquier impresión de que haya habido corrupción en la concesión de contratos importantes socavará el apoyo al estado de derecho. Irak ya tiene una tradición suficientemente larga de gobierno falto de transparencia, cuestión apuntada por el documento titulado Joint Irak Needs Assessment. A fin de construir una sociedad iraquí donde el estado de derecho sea primordial y no se deniegue el acceso a la justicia ni ésta sea arbitraria, es necesario el consentimiento efectivo y significativo de los iraquíes en el proceso de desarrollo. La Junta de Control y Asesoramiento Internacional, cuando se cree, estará autorizada para controlar la transparencia en el empleo de los ingresos provenientes del petróleo de Irak. Debe examinar la concesión de contratos, especialmente en el sector del petróleo, para garantizar que se conceden de forma transparente, justa y abierta, sin corrupción ni ayuda condicionada, y teniendo presentes las necesidades del pueblo iraquí. Además, algunos de los contratos se adjudican para construir la infraestructura de Irak que tiene que ver con sus sistemas escolares, la reforma judicial, el trabajo policial, etc. Estas cuestiones se refieren a los derechos fundamentales de los iraquíes, es a quienes más les incumbe y tienen el derecho a participar. No pueden hacerlo de forma eficaz o significativa si se les oculta información o se limita el proceso de licitación. AMNISTIA INTERNACIONAL, 22 de octubre de 2003