Un estudio de la UPV resalta el daño psicológico en los niños a los que se priva del contacto con un progenitor Las asociaciones de padres separados del País Vasco reclaman un trato de igualdad en la relación con sus hijos.
Pedro S. se encontró con su hija en un bar de Bilbao y se acercó a saludarla. La adolescente rechazó a su padre. «Hoy no puedo estar hablando contigo, no es jueves», le dijo. Sus días de visita eran jueves y domingos. Este vecino de Barakaldo de 39 años se ha visto obligado a acudir con la Policía al domicilio de su mujer para recoger a su hija y, en la actualidad, ha perdido el contacto con ella porque la adolescente no quiere verle. «Su madre la ha puesto en contra de mí. Ahora pago por mantener a una hija que no veo, a una mujer con la que no me hablo y un piso en el que no vivo», se lamenta Pedro.
Esta situación extrema, pero muy común, es el trágico final de un modelo de proceso judicial que la asociación de separados de Vizcaya califica de «injusto» y perjudicial para la relación de los padres con los menores. Un estudio realizado por la Universidad del País Vasco revela que en más de un 90% de los divorcios la madre se queda con la custodia de los hijos, y que en uno de cada tres litigos las parejas terminan por no hablarse.
En otro casi un 40% de los casos, padre y madre sólo se comunican «lo mínimo imprescindible». Resultado: un grave daño para la formación y la estabilidad emocional de los niños, coinciden los psicólogos de la escuela universitaria de Trabajo Social en su investigación. Únicamente un 5% de los separados se consideran amigos de sus ex-parejas.
«Tras la separación, el padre está en inferioridad de condiciones respecto de la madre en la relación de los hijos», subraya el portavoz de la asociación de separados de Vizcaya, Sergio Villa. «El juez decide en nueve de cada diez casos que la madre se quede con los hijos y que el padre los visite unos días determinados. Desde ese momento, el contacto de uno de los progenitores con los hijos se rige por órdenes judiciales en lugar de por las necesidades de los menores de contar con el afecto de sus padres por igual», subraya.
Venganza
Los datos son reveladores. Sólo en uno de cada siete casos estudiados por los especialistas de la Universidad existía flexibilidad en el régimen de visitas y los niños veían siempre que lo deseaban al progenitor con el que no viven. En el 30% de los procesos se daban situaciones problemáticas con relación a las visitas o a la educación de los niños, que exigían la intervención judicial.
«En ocasiones las madres utilizan a los hijos como instrumento de venganza contra el padre -no les dejan verlos siempre que lo desean y hablan a los niños mal de sus padres- sin darse cuenta del daño psíquico que les están haciendo. Es un tipo de violencia psicológica que luego se vuelve contra ellas, cuando llegan a la adolescencia», indica el informe realizado por especialistas de Trabajo Social.
Carlos es uno de los separados que llegó hace meses a los locales de la asociación vizcaína. Es camarero y malvive con los 72 euros que le quedan tras pagar la pensión a sus hijos y su ex-mujer y el crédito del piso donde vive su familia. Reside en albergues. Su caso también es un ejemplo de la rigidez que impone la Justicia en las relaciones familiares. «Muchas veces sus turnos en el trabajo coinciden con las visitas de sus hijos y no puede verlos durante meses porque no se le permite cambiar de fin de semana», recuerda Villa.
Amaia Arraskoa, portavoz de la asociación alavesa de separados, Amapase, dice que los padres reclaman «un trato de igualdad» en la relación con sus hijos. Se quejan, subraya, de que los jueces sólo vigilan que los ex-maridos paguen la pensión, pero archivan las reclamaciones por no cumplir las visitas. «La Justicia sólo se ocupa de que se cumpla una de las partes de la sentencia: que el hombre pague la manutención. En caso contrario, te lo quitan de la nómina o te mandan a la cárcel. Pero ¿quién se ocupa de que los padres mantengan el contacto con sus hijos?», se queja Pedro.
Custodia compartida
Las asociaciones del País Vasco reclaman la aplicación de la custodia compartida, una figura en la que ambos progenitores tienen igualdad de obligaciones y derechos en la relación con sus hijos y se reparten los bienes de forma equitativa. «Es un sistema que se está implantando en toda Europa. «Esa situación beneficia a los menores, que no pierden el contacto con sus padres», dice Villa. No se trata, aclara, de que los hijos vivan un tiempo con el padre y otro con la madre, sino de que los dos miembros de la pareja tomen todas las decisiones sobre la educación de sus hijos y dispongan del mismo tiempo para relacionarse con ellos.
El portavoz de la asociación vizcaina considera que los divorcios no deberían llevar a las parejas a los juzgados. «No son delincuentes. No han cometido ningún delito. Sólo quieren dejar de vivir juntos. Entonces ¿porqué deben pasar ante el juez?». Además, un proceso amistoso de custodia compartida, advierte, acabaría con «el gran negocio» en el que se ha convertido el divorcio para los abogados. Un proceso de separación puede costar entre 1.800 y 4.000 euros y un divorcio superaría ya los 6.000
Marta Fernández Vallejo, Bilbao
EL CORREO, 31 de marzo de 2003