La Fiscalía de Guipúzcoa ha solicitado el archivo de las diligencias abiertas contra
José Ignacio Munilla, sacerdote de la parroquia el Salvador, de Zumárraga (Guipúzcoa), por negarse a contestar como testigo varias preguntas durante un juicio contra cinco hombres acusados de abusar sexualmente de un menor deficiente mental.
El ministerio público ha pedido el archivo al Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián a instancias de la Fiscalía General del Estado, que redactó un informe en el que sostenía que el cura actuó amparado en el secreto de confesión, una postura que no compartía la fiscalía donostiarra, informa Europa Press. Esa fiscalía es la única parte acusadora, por lo que el juez previsiblemente cerrará el caso.
Durante el juicio, celebrado el pasado octubre, Munilla reconoció que la víctima le relató en "conversaciones privadas" que había sufrido abusos. Sin embargo, se negó a detallar lo que el menor le había contado, alegando que conoció los hechos en el ejercicio de su ministerio. Tras advertir al cura de que estaba obligado a responder, la juez remitió el caso al juzgado de guardia por un posible delito de desobediencia.
EL PAÍS, 18 de marzo de 2003
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La Fiscalía pide el archivo de la causa contra un cura de Zumarraga que se negó a declarar en un juicio de abusos.
La Fiscalía ha solicitado el archivo de las diligencias abiertas en un juzgado de Instrucción de San Sebastián contra el párroco de la Parroquía del Salvador de Zumarraga por su negativa a contestar a algunas preguntas en un juicio por abusos sexual a un joven deficiente mental, por lo que previsiblemente el caso será archivado, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio fiscal de la capital donostiarra.
Las mismas fuentes indicaron que la secretaría técnica de la Fiscalía General de Estado elaboró un informe en el que concluía que, tras estudiar el asunto, no compartía las tesis del Ministerio fiscal de San Sebastián, y le pedía que solicitara el archivo.
Concretamente, la Fiscalía general sostenía que el sacerdote actuó amparado en el secreto de confesión, "lo que nosotros no compartíamos", explicaron las mismas fuentes. Finalmente, el Ministerio Público de San Sebastián pidió al juzgado el archivo de la causa acompañando el informe técnico de la Fiscalía General del Estado.
El sacerdote prestó declaración hace unos días ante el juzgado de Instrucción encargado del caso. Como el fiscal es la única parte acusadora en este procedimiento, el juez previsiblemente cerrará las diligencias.
Los hechos que dieron origen a las diligencias se remontan a 1998, cuando el sacerdote tuvo conocimiento de que un menor deficiente había sufrido abusos sexuales. El sacerdote informó de lo que sabía a su madre y, posteriormente, a petición de ésta, al Servicio de Asistencia a la Víctima.
Durante la investigación del caso, fue citado a declarar, a lo que se negó, alegando que no estaba obligado a testificar sobre situaciones que le habían sido reveladas en el ejercicio de su ministerio. Posteriormente, el parrocó pidió en dos ocasiones, sin éxito, que fuera dispensado de declarar en el juicio.
En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, se negó a responder a algunas preguntas sobre las manifestaciones que le había hecho el joven deficiente que sufrió abusos sexuales.
Por ello, la magistrada presidenta le sancionó con una multa de 150 euros y acordó poner los hechos en conocimiento del Juzgado de Guardia por si pudieran ser constitutivos de un presunto delito de desobediencia, lo que motivo la apertura de diligencias.
Según informaron fuentes judiciales, el sacerdote envío un escrito a la Audiencia en la que pedía que se dispensara de pagar la multa de 150 euros, toda vez que ya se había abierto un procedimiento en un juzgado de Instrucción. La Audiencia rechazó este argumento.
EL DIARIO VASCO, 17 de marzo de 2003