Las trabajadoras sexuales reclaman que la prostitución sea legalizada como empleo.

Las jornadas sobre derechos humanos y trabajo sexual de Barcelona piden leyes que aten en corto a los empresarios del alterne. Las trabajadoras sexuales españolas reclamaron "el reconocimiento legal y social de la prostitución como trabajo y que se reconozcan los derechos sociales y laborales de las trabajadoras sexuales", según formuló Karolina, prostituta de la asociación madrileña Hetaira, que puso rostro y voz a las resoluciones adoptadas tras las jornadas sobre derechos humanos y trabajo sexual de Barcelona. Esta doble vertiente (reconocimiento legal de la actividad desarrollada y derechos sociales y laborales de las trabajadoras) es básica para asegurar la protección efectiva de este colectivo, como se ha puesto de manifiesto en esta semana de debates, organizados por la concejalía de derechos civiles del Ayuntamiento de Barcelona y las entidades (Línea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes y Trabajadoras Sexuales (Licit), de Barcelona, y Hetaira, de Madrid. "Nos preocupan las presiones de algunos empresarios para legalizar la prostitución sin prever los derechos de las trabajadoras, y sin esos derechos no pueden defenderse de los abusos económicos", dijo Cristina Garaizábal, especialista de Hetaira (la entidad toma su nombre de las cortesanas de la antigua Grecia, algunas con alta consideración social). Tanto Hetaira como Licit están formadas por antropólogas, educadoras sociales, sociólogas, psicólogas y trabajadoras sexuales. La preocupación por los abusos empresariales se plasma en las resoluciones relativas a los locales de alterne. Las prostitutas reclaman que las licencias para estos establecimientos se den preferentemente a locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales, y que se nieguen a los trusts y a personas con antecedentes penales. También ven fundamental "no permitir que la patronal imponga el tipo de prácticas sexuales o las condiciones de trato con los clientes". Además, trabajadoras sexuales y especialistas en prostitución piden que la legislación que se elabore no incluya "controles sanitarios obligatorios, registro oficial como prostitutas, impuestos especiales ni zonas exclusivas de ejercicio del trabajo sexual". Con todo, se necesitan lugares donde esta actividad se desempeñe sin peligro, indicó la antropóloga Dolores Juliana, coordinadora de Licit. "La figura del prostíbulo no existe en la legislación actual -explicó Juliana-, y mejor no recuperarla como tal porque en el franquismo era un lugar donde tener separadas, encerradas y controladas a las trabajadoras sexuales, que quedaban en situación de indefensión." Lo mejor, según las conclusiones, es "facilitar la autoorganización de las trabajadoras sexuales". Estas iniciativas de legislación, que proponen también cambios en la ley de Extranjería para proteger a la prostituta inmigrante, serán trasladadas al Congreso y al Senado, al Parlament, a la alcaldía de Barcelona y a los partidos, según prometió Roser Veciana, concejal de derechos civiles de Barcelona. LA VANGUARDIA - 15/07/2002