«Cualquier gobierno puede seguir a una persona por su móvil »

Gregorio Dionis, fundador del equipo Nizkor, organismo que se creó en 1995 con la intención de ayudar a proteger los derechos humanos, participó ayer en ciclo Derechos humanos y nuevas tecnologías, en los Cursos de Verano de la UPV. Dionis recordó que los ciudadanos estamos desamparados ante el uso que las empresas y gobiernos hacen de tecnologías como internet. - ¿Cuál es la peculiaridad del equipo Nizkor frente a otros organismos de derechos humanos? - Su objetivo es proporcionar un centro de documentación digital sobre los derechos humanos, tanto en castellano como en inglés. Y la principal característica es que utiliza las nuevas tecnologías como internet para llegar a un público más global, además de que es una tecnología que puede resultar bastante económica. - El caso más importante en el que han trabajado es el proceso a Pinochet. - Yo no diría que es el caso más importante, sino el de mayor relevancia o envergadura. Para nosotros fue un proceso más entre tantos, pero la socialización de la información que llevaron a cabo los medios de comunicación en todo el mundo favoreció el caso. Otra situación que consiguió mucho interés fue el golpe de estado que se produjo en Venezuela, donde pudimos favorecer la salida de muchas informaciones que no aparecían en los medios. Pero hoy día, el país que más nos preocupa es Colombia, donde se producen el mayor número de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. - ¿Es verdad que es posible averiguar la posición exacta de cualquier persona a través de su móvil? - Es totalmente cierto. De hecho, se puede registrar la posición con un margen de ocho metros aproximadamente, algo que fue aprobado por el Parlamento Europeo. Es más, se permite que esa información se almacene, e incluso pueden obligar a las compañías telefónicas a que lo hagan durante unos cinco años. Esta situación atenta claramente contra la presunción de inocencia de toda persona y contra el derecho a la privacidad. Ocurre algo parecido con el navegador de Internet Explorer, porque al utilizarlo, las empresas de telecomunicaciones son capaces de identificar desde dónde se genera la conexión. - ¿Sirven realmente estas tecnologías para atajar más actos delictivos? - Siempre que se habla sobre estos temas, los gobiernos se escudan tras la idea de que, de esta manera, podrán controlar a los delincuentes. Sin embargo, esto no es muy lógico. Los delincuentes más importantes, como se ha demostrado con Bin Laden, tienen dinero e infraestructuras suficientes para poder tener sus propias redes y no necesitan pasar por la central telefónica por la que pasan todos los ciudadanos. - ¿Cómo se podría regular? - Es un tema complejo, pero hay varias ideas. Por ejemplo, que las normas de fabricación del hardware y el software, de los programas, tengan certificación judicial, que se haga un peritaje que garantice a los ciudadanos que los programas que se usan en comunicaciones no pueden violar los derechos civiles. Pedimos que exista un tribunal con formación técnica suficiente y con peritos que estén al nivel del problema. Hay muchas actividades que están prohibidas, pero a los ciudadanos nadie nos asegura que sean imposibles de realizar. - ¿Cuál sería la situación de España al respecto? - El problema más grave que existe es la falta de formación en derechos humanos; hay una debilidad muy grande del movimiento de derechos humanos, que es prácticamente marginal.