Este documento contiene las principales preocupaciones de la sección española respecto al proyecto de ley orgánica de partidos políticos actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. El gobierno español ha declarado reiteradamente, a través de los medios de comunicación, que dicho proyecto de ley se encuadra dentro de la lucha antiterrorista.
A lo largo de los últimos años, Amnistía Internacional ha condenado la oleada de homicidios e intentos de homicidio perpetrados por el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y otros grupos armados, principalmente contra amplios sectores de la población.
Igualmente, Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por los actos intimidatorios que pueden suponer una amenaza para la vida cometidos en el marco de la “violencia callejera” o “lucha armada” (kale borroka) por parte de grupos radicales vascos. La organización ha instado reiteradamente a ETA a que ponga fin de forma inmediata e incondicional a su campaña de homicidios de civiles. También hace un llamamiento a los grupos que llevan a cabo actos de “violencia callejera” para que pongan fin a las amenazas así como a toda acción que pueda poner en peligro las vidas.
Amnistía Internacional reconoce la legitimidad del gobierno español para velar por la seguridad de sus ciudadanos y de todas las personas que se encuentran en su territorio. Sin embargo, el gobierno español debe garantizar que todas las medidas que se adopten para salvaguardar la seguridad y dentro de la lucha antiterrorista, son plenamente conformes a las leyes y normas de derechos humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos y se asegure a todas las personas el disfrute pleno de todos sus derechos. En este contexto, y teniendo en cuenta tales salvaguardas, la sección española de Amnistía Internacional ha examinado el proyecto de ley de partidos políticos que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados a la luz de los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Nuestra organización muestra su preocupación de que, a través de algunos artículos del proyecto de ley, se pudieran emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica, lo que sería contrario a los artículos 1, 16, 20, 22 y 23.1 de la Constitución española así como a los artículos 9, 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y los artículos 18, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
Por ese motivo, Amnistía Internacional pide al Parlamento Español que, durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de partidos políticos, tales fórmulas se eliminen o se sustituyan por otras más precisas y concretas de forma que no pueda dar lugar a interpretaciones que atenten contra la libertad ideológica, de expresión, asociación o participación en los asuntos públicos.
N.B. Para descargarte el informe completo de Amnistia Internacional sobre la ley orgánica de partidos políticos, clicka en el archivo adjunto situado encima de este recuadro.